Arroz
Todos los eslabones de la cadena arrocera argentina que conforman la Federación Nacional de Arroz (FEDENAR), se reunieron en San Salvador para considerar el normal abastecimiento de arroz en el mercado interno, teniendo en cuenta el actual contexto nacional e internacional del producto.
Aún cuando el consumo interno no supera el 40 pro ciento de la producción nacional, el sector consideró oportuno y necesario acordar un esquema de abastecimiento que garantice a la población la disponibilidad en góndolas de este producto de la canasta básica, a precios compatibles con el poder adquisitivo y con los costos de producción, es decir a precios desacoplados del mercado internacional.
Estos aspectos fueron oportunamente considerados en reuniones específicas de cada una de las entidades que conforman la cadena, y en una reunión mantenida con el Secretario de Comercio Interior de la Nación. Sin perjuicio del compromiso asumido por los productores e industriales para garantizar el abastecimiento y los precios, durante la reunión se expresaron las inquietudes y preocupaciones por el incremento exorbitante que ha sufrido el costo de producción en los últimos meses, fundamentalmente en los referidos a fertilizantes y agroquímicos, lo que implica que a un precio de $ 0,90 + IVA/kg para el arroz en cáscara, el cultivo dispondría de un mínimo margen de rentabilidad.
Este precio del arroz en cáscara permitirá a la industria alcanzar un precio de referencia para el arroz elaborado a distribuidores y mayoristas de $ 2,40 + IVA, puesto Bs. As., para un kilo de arroz 00000 envasado en polietileno; y de $ 1,95 + IVA, para un arroz 0000 en las mismas condiciones.
En observancia de los parámetros enunciados en el párrafo precedente, la cadena arrocera nacional asociada en FEDENAR se comprometió a asegurar el normal abastecimiento del mercado interno hasta fin de año, y solo volverlo a analizar cuando hubiere alguna razón valedera, teniendo como objetivo principal abastecer al mercado interno, preservar la cobertura de los costos de producción y un mínimo margen de rentabilidad.
Para ello, los productores se comprometerán voluntariamente a vender mensualmente un volumen porcentual de su producción al citado precio del arroz en cáscara, que de acuerdo a la cosecha 2008 provendrán de Corrientes el 44 %, de Entre Ríos el 43 %, de Santa Fe el 9 %, y de Chaco y Formosa el 4 %. Los productores informarán a sus respectivas Asociaciones Provinciales los detalles de la liquidación.
Se confeccionará un registro de los molinos arroceros interesados en recepcionar el arroz puesto a disposición por los productores a un precio de $ 0,90 + IVA/kilo, indicando la marca comercial que será utilizada en el mercado interno. Una vez industrializado el arroz y comercializado el producto, los molinos informarán las Asociaciones Provinciales con carácter de DDJJ el volumen y datos de los puntos de venta.
Toda la información recabada como producto del Acuerdo se pondrá a disposición de los distintas entidades integrantes de FEDENAR para conocimiento; y de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación a efectos de verificar el correcto funcionamiento del Acuerdo.
¿Qué ciudad para este campo y qué campo para esta ciudad?
En la Argentina y especialmente en la provincia de Santa Fe, la propiedad de la tierra está concentrada en los mismos niveles de principios del siglo XX. Ainsuain expone en su trabajo que "los planes económicos aplicados en distintos períodos de nuestra historia -como sucedió en los ‘90- han contribuido no sólo a mantener sino a profundizar el proceso de concentración de tierras". "A tal punto esto es así, que tomando como base los Establecimientos Agropecuarios Productivos de más de 5.000 hectáreas, el censo agropecuario de 1913 mostraba que 5.300 terratenientes eran dueños del 48 por ciento de las tierras y el censo 2001 puso en evidencia que algo más de 6 mil propietarios controlan 50 por ciento de las mismas".
Tomando datos del Censo Agropecuario 2001, Ainsuain revela cifras sorprendentes: los 936 terratenientes más poderosos tienen 35.515.000 hectáreas y, en el otro extremo, 137.021 agricultores poseen 2.288.000. Sólo Benetton (900.000), Cresud (460.000), Bunge (260.000) y Amalia Lacroze de Fortabat (220.000) poseen 2 millones de hectáreas, superficie comparable al territorio de Bélgica. De las 35 familias tradicionales que en el censo del año 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios; entre ellos se destacan los Anchorena, con 40 mil hectáreas y los Gómez Alzaga con 60 mil.
La injusta distribución de la riqueza y el monocultivo de la soja han dejado como consecuencia que miles de campesinos y campesinas sean literalmente desterrados y cientos de pequeños pueblos y localidades borrados del mapa. Según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el Gran Buenos Aires 8 de cada 10 personas desempleadas provienen de la agricultura. La dominación de los agronegocios genera más concentración de la población en grandes urbes, con un panorama de pobreza creciente, pues avanzan desplazando a las comunidades rurales.
"La soja ha despoblado el campo porque ha establecido un modelo de agricultura sin agricultores. Ahora tenemos ciudades inmanejables, con mucha violencia, mucha inseguridad, sin trabajo, en las cuales faltan redes de gas, de cloacas, de agua, porque el Estado no da abasto para construir infraestructura urbana. La gente vive como puede. Lo que ha habido es un cambio demográfico brutal, cerca del mil pueblos del interior han quedado prácticamente vacíos. Y la emigración continúa, no hay un día en que no haya nuevos despoblamientos consecuencia de la soja", destaca el representante del Grupo de Reflexión Rural.
Con la convicción de que "oponerse hoy al modelo de los agronegocios es hacer frente a la faceta más dinámica del neoliberalismo en el Cono Sur de América Latina", estos movimientos proponen recuperar el control sobre las semillas e identificar a las corporaciones que monopolizan la producción de los cultivos transgénicos y el control sobre los alimentos. Pero también buscan confrontar las políticas estatales que promueven la penetración de estas empresas y denunciar las violaciones a los derechos humanos y actos de criminalidad económica por las que serían responsables.