La Organización Mundial del Comercio (OMC) está preocupada por el desarrollo y las consecuencias que la crisis económica pudiera generar en las ganancias de las grandes corporaciones transnacionales, no solamente en los países del G-7, sino particularmente, en las empresas que poseen en los países en desarrollo. Para ello está analizando medidas y represalias contra quienes interfieran en las estrategias de libre comercio de los países desarrollos. El ALBA en la mira por revisar leyes de patentes farmacéuticas.
En la sesión de clausura del Segundo Examen Global de la Ayuda para el Comercio, celebrada el 7 de julio de 2009, el Director General de la OMC, Pascal Lamy, refiriéndose a los obstáculos al libre comercio se mostró convencido de que lo que ha evitado que la actual crisis haya derivado en un proteccionismo similar al que se dio en 1939 "es la existencia de este sistema de disciplinas" de la OMC: "La respuesta sistémica es aumentar las disciplinas y que el sistema sea más justo (para las empresas)", añadió.
En junio pasado y tratando de inmiscuirse en las políticas nacionales de los países que están tomando medidas contra los efectos de la globalización neoliberal, Lamy, había mencionado en una mesa redonda del Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París: “hay que garantizar el mantenimiento de las reglas de la OMC frente a la crisis”.
“En los debates que han tenido lugar estos dos días hemos oído cómo la apertura del comercio ‘puede reportar beneficios económicos y sociales’ si está incorporado a esas estrategias”, expresó Pascal Lamy ante representantes de grandes corporaciones de Europa y Estados Unidos..
Entre las medidas a adoptar se está evaluando tomar represalias contra los países en desarrollo que impidan ampliar la protección del comercio de bienes producidos por empresas transnacionales mediante modificaciones de las leyes de propiedad industrial.
Los países que conforman la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, más conocido como ALBA, han decidió adoptar la revisión de la normativa de patentes farmacéuticas e insumos alimenticios en las próximas semanas, de acuerdo con los compromisos adoptados por sus presidentes, en la Declaración del ALBA el 24 de junio pasado, en la ciudad de Cumaná- Venezuela. Este país será el encargado de coordinar el Grupo de Trabajo sobre estos temas que mantienen en alerta a las empresas farmacéuticas norteamericanas y europeas.
La revisión de la normativa de patentes por parte del gobierno de Venezuela reduciría las ganancias de las empresas extranjeras que comercializan en ese país y sentaría un precedente negativo para otros países de la región que intentaran modificar aspectos relacionados con las patentes modificados en la década de los 90s, cuando se permitió el patentamiento de los productos farmacéuticos por presión de los laboratorios.
Esta revisión propiciaría la producción y comercio de medicamentos nacionales en detrimento de los extranjeros fabricados en los países de origen, sin obligación de instalar las plantas de manufactura en el país en el que se consume.
En una apresurada reunión y como tribuna de anuncios y acciones en el marco de los Tribunales de los ADPIC (Acuerdo de Propiedad Intelectual sobre asuntos relacionados con el Comercio), se llevará a cabo en Ginebra, los días 13 y 14 de julio, la Conferencia sobre Propiedad Intelectual y Cuestiones de Política Pública, que contará con la presencia del mismo Pascal Lamy (OMC), Francis Gurry, presidente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros.
La normativa sobre el comercio y producción de medicamentos genéricos es totalmente legal y está siendo estudiado por una gran cantidad de países en desarrollo, lo que esta activando la alarma en el G-7, por las grandes pérdidas que se ocasionarían en laboratorios multinacionales.
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